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La reunión tuvo lugar en la UN.

La reunión tuvo lugar en la UN.

Gerardo Mejía, gerente Financiero y Administrativo de la UN.

Gerardo Mejía, gerente Financiero y Administrativo de la UN.

Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Rubén Alberto Agudelo, Vicerrector de la Universidad de Antioquia.

Rubén Alberto Agudelo, Vicerrector de la Universidad de Antioquia.

En la reunión, participaron representantes del Ministerio de Educación Nacional y de Planeación Nacional. Fotos Felipe Castañoñ / Unimedios

En la reunión, participaron representantes del Ministerio de Educación Nacional y de Planeación Nacional. Fotos Felipe Castañoñ / Unimedios

¿Por qué hacen falta 11 billones de pesos para las U. Públicas?

Bogotá D. C., may. 02 de 2013 - Agencia de Noticias UN- Los costos de acreditación y bienestar son los factores —entre muchos otros— que las universidades públicas deben considerar para superar el desfinanciamiento estatal.

El Comité Interinstitucional discutió este 2 de mayo, en su quinto encuentro de este año, la desfinanciación de la Educación Pública Superior. Dicho comité está conformado por el SUE (Vicerrectores financieros-administrativos de ocho universidades); y por representantes de Planeación Nacional, y de los Ministerios de Educación Nacional, de Hacienda y Crédito Público. 

Este Comité se configuró a principios del año 2013, luego de que el SUE le presentara al Gobierno un estudio técnico sobre déficit presupuestal de las Universidades Públicas. Este fue elaborado entre 2010 y 2012, y presentado a principios de este año. 

Según comentó Fernando Noreña, vicerrector de la Universidad Tecnológica de Pereira e integrante del Comité, algunos de los problemas financieros requieren de una revisión del Gobierno sobre cómo se financian las universidades para incluir elementos que le impidan al sistema entrar en crisis. 

Noreña puntualizó que el estudio devela cifras gruesas: de los 11 billones de pesos que se requerirían (9,8 para inversión una sola vez y 1,3 anualmente), el sistema hoy solo recibe 2,6 billones. 

Esto genera un retraso en muchas áreas, entre ellas, en la infraestructura física (que sobrepasa los 5 billones de pesos para modernizar edificios viejos que no cumplen con las normas de resistencia y accesibilidad a diferentes espacios). “Hay que hacer inversiones que no alteren el costo de las matrículas tienen que ser inversiones que haga el Gobierno”, señaló el Vicerrector. 

En este sentido, el profesor Gerardo Mejía, gerente financiero y administrativo de la UN, afirmó: “En este documento queríamos mostrarles a los Ministerios la muy complicada situación de las Universidades Públicas; y cómo llegamos a un punto de crisis, donde las instituciones no pueden seguir sosteniendo las obligaciones generadas por el estado con recursos propios. 

Mejía agregó que, en estas reuniones, las universidades presentan la información con mucho detalle para que las entidades gubernamentales sepan cuáles fueron los elementos considerados para elaborar el documento técnico. 

Según explicó Rubén Alberto Agudelo, vicerrector de la Universidad de Antioquia, históricamente este ejercicio no se había hecho en detalle. Está soportado en información financiera y contable de las universidades públicas, para mostrarle al Estado cálculos que no había hecho sobre los diferentes costos de las instituciones. 

En ocasiones anteriores, el Comité ha abordado temas como el del personal docente y administrativo, el de la infraestructura, las tecnologías de la información, y el de los costos de la formación docente. 

En la reunión de este 2 de mayo, el Comité se dedicó al bienestar (para el cual se requieren 218.000 millones de pesos anuales), a la Acreditación y a los Costos de Calidad (que representan 36.000 millones). En relación con el bienestar, las universidades manifestaron la necesidad de obtener recursos para que los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 puedan ser atendidos. Esto, para garantizarles los recursos de transporte y alimentación, entre otros, con el propósito de disminuir la deserción y aumentar la retención de los estudiantes. 

Con relación a la Acreditación y a los Costos de Calidad, los expertos expusieron la obligación que tienen las diferentes instituciones de Educación Superior de acreditar sus programas, lo que implica gastos significativos que requieren del acompañamiento estatal. 

En el caso de la UN —según explicaron Noreña y Mejía— se requiere más de 23 mil billones de pesos en recursos, para generar sus acreditaciones, gestión medioambiental, seguridad informática, salud ocupacional; y para atender los requisitos de Gobierno en Línea y Ley antitrámites. 

En próximas reuniones, se empezarán a revisar las propuestas concretas de las universidades para garantizar los recursos que les permitan funcionar en condiciones adecuadas.

(Por:LL/sup/csf/fgd)

N° 975

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