Bogotá D. C., jun. 26 de 2012 - Agencia de Noticias UN- Tras ocho debates, el Congreso de la República aprobó la Reforma a la Justicia que el Gobierno impulsó en esta legislatura, la cual a va ser revisada en sesiones extraordinarias.

Wanda Fernández, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, señaló en UN Análisis*: “El país insiste en hablar de la reforma a la administración de justicia. Sin embargo, no hay dicho cambio, en el Congreso se transformó rotundamente el tema, se hizo una reforma de la Ley Quinta, del estatuto del congresista y de los preceptos que contiene la famosa enmienda, que son solo cinco. Dentro de esos ítems, únicamente dos están relacionados con el aumento de la edad de retiro forzoso y el aumento del periodo individual para cada magistrado de las Altas Cortes”. 

Este proceso de conciliación se transformó en uno de los más polémicos de los últimos años, tanto, que provocó el anuncio del Presidente de la República de regresar el proyecto de Acto Legislativo al Congreso. “Ante una situación extraordinaria, así tiene que ser la solución. Por ello, me inclino por la tesis asumida por la Presidencia de objetar y devolver, siempre y cuando la finalidad sea hundir totalmente el proyecto, porque es insalvable. No tiene ninguna bondad a favor de la justicia”, planteó Fernández. 

Por su parte, la oposición liderada por el partido del Polo Democrático, señaló que el único camino para tumbar el acto es un referendo revocatorio o un nuevo proyecto de reforma. Desde este lunes se están recolectando firmas en las calles para derribarla. “Si la ciudadanía no se mueve y si no convoca a un referendo, en mi opinión, el Gobierno ha quedado tan feliz con la reforma como los magistrados”. 

Ramiro Bejarano, abogado y director del Departamento de Derecho Procesal, de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que el Gobierno estaba conforme con la norma y solo reaccionó cuando vio “pasos de animal grande” representados en un referendo, que está siendo promovido por la ciudadanía 

Y apuntó: “El Gobierno, el Congreso y las Altas Cortes se hicieron los de «la vista gorda» durante estos dos años, mientras estuvimos señalando la inconveniencia de esta reforma. Y arrancó siendo inadecuada, tanto política como jurídicamente. Lo que ha procurado hacer el Gobierno, es tratar de enmendar esa penosa e imborrable equivocación”. 

A esto, la profesora Wanda añadió: “Los doce parlamentarios de la Comisión de Conciliación cambiaron totalmente el objetivo de la reforma, y se burlaron, no solamente del Gobierno sino del pueblo colombiano”. 

Por otro lado, según Miguel Silva, politólogo, magíster en Seguridad y Defensa, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, el Acto Legislativo fue improvisado. “Reformar la Constitución en este país se ha convertido en un deporte del Congreso. La pregunta es si el acto legislativo realmente es una herramienta que funciona para reformar la justicia”. 

Uno de los aspectos que más revuelo provocó fue la declaración final del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, en la que resaltó el trabajo de las dos cámaras legislativas y urgió a los congresistas a divulgar el contenido de la reforma aprobada y a despejar cualquier inquietud. 

“Es una especie de compendio de los beneficios, privilegios y prebendas a favor de la clase política. Primero, la abolición de las causales constitucionales de pérdida de investidura; y segundo, la violación del régimen de conflicto de intereses. En este debate vimos un espectáculo en el que personas procesadas o en indagación preliminar votaron a favor de esta mal llamada Reforma a la Justicia”, recalcó Fernández. 

Con respecto a la participación en los debates por parte de los magistrados que presentan conflicto de intereses, Rodrigo Uprimny, abogado, doctor en Economía, profesor y director del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, explicó: “Es una reforma constitucional ya vigente, que se aprobó hace más o menos un año, y pasó en silencio para el país, la cual dice que cuando se votan reformas constitucionales, no hay conflictos de intereses”.

(Por:Fin/SRLM/clc/sup)

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