Bogotá D. C., jun. 27 de 2012 - Agencia de Noticias UN- El pasado 23 de mayo fue sancionada en Colombia una ley, por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición.

Catalina Puerta, abogada, docente de cátedra del curso “Derecho, Conflicto y Violencias, de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, señaló a UN Análisis*: “la aprobación de esta ley es el resultado de la lucha de los familiares que se asociaron desde los años 70 y del trabajo de sensibilización de las organizaciones. Además, representa una posibilidad en términos jurídicos y simbólicos de darle lugar a las consecuencias de la desaparición”. 

Por su parte, Iván Cepeda, representante a la Cámara del partido Polo Democrático, defensor de derechos humanos y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), declaró: “Es una decisión de las pocas afortunadas que ha tomado el Congreso y que defiende el derecho fundamental de las personas a tener una identidad jurídica”. 

La importancia de la Ley de Ausencia radica en que su ejecución implica una reflexión de la sociedad y del Gobierno. “Esto es un principio, que en el caso de las personas y familiares víctimas de la desaparición forzada, cobra una importancia aún más singular, porque asumen, inmediatamente, que la persona desaparecida debe ser dada por muerta. Es necesario convertirla en una realidad”, acotó Cepeda. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la legislación colombiana incluyó la desaparición forzada como un delito, Óscar Useche, sociólogo, economista y profesor de la Universidad Minuto de Dios indicó: “Esta normativa permite la inclusión del sujeto desaparecido, ya que hablamos de un número altísimo de víctimas de este flagelo en medio del conflicto armado”. 

Según Amnistía Internacional, las desapariciones forzadas ocurren cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley. 

En el caso de Colombia, Iván Cepeda señaló: “Existen crímenes innombrables o que han sido negados a través del discurso oficial y de las propias leyes. Sus víctimas han sido históricamente discriminadas, porque la mayoría de los casos, son obra de agentes estatales y es claro que el poder estatal no quiera reconocer la comisión de hechos tan graves, porque lo ilegitima”. 

Por su parte, Janeth Bautista, directora de la fundación "Nydia Erika Bautista" y autora de la declaración de ausencia, explicó que esta iniciativa se dio luego de atender muchos casos de familias de desaparecidos, en los cuales el impacto de la muerte presunta de sus familiares prolongaba el sufrimiento, al tener que declararlos como fallecidos cuando no habían tenido el cuerpo en sus brazos. “Nos dimos cuenta que la ley debía tramitarse en Colombia como se hizo en otros países de Latinoamérica, estudiamos esas leyes y de allí elaboramos un borrador sencillo, con los familiares de los desaparecidos, de manera que se preservara la personalidad jurídica de los desaparecidos”, puntualizó Bautista. 

Finalmente, el representante Cepeda concluyó: “El reconocimiento del crimen de la desaparición forzada, es sin lugar a dudas un avance para la sociedad. Eso significa proceder en el plano civil y fiscal, así como, de las actuaciones de los sujetos sociales con la conciencia de este grave delito”.

(Por:Fin/SRLM/clc/sup)

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