Bogotá D. C., ago. 09 de 2012 - Agencia de Noticias UN- La propuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá de crear los Camad ni es clara en términos de prevención y rehabilitación ni es una medida de salud. Le apunta a un tema de seguridad ciudadana.

Así lo indicó Javier Téllez, director del grupo de investigación en Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Medicina de la UN.

El experto hace hincapié en que los vacíos que tiene la medida, consistente en crear Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (Camad), son varios y atañen a aspectos fundamentales de la salud.

Por un lado, señala que, según estudios de la UN, el 60% de los adictos y consumidores de drogas en el país son niños, niñas y adolescentes que se encuentran por debajo de los quince años.

También asegura que esta amplia población de adictos y consumidores no es tenida en cuenta, pese a que así lo ratifica la última investigación del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Una ley de Estado podría darle una sustancia a un niño —que científicamente está comprobado que produce efectos adversos en el organismo de una persona—, en aras de la seguridad de una ciudad o un país. Esto estaría en contra del estatuto de la infancia”, afirma.

Por otro lado, el profesor Téllez hace referencia a las mujeres consumidoras y adictas en estado de embarazo, pues está comprobado que todas las drogas legales o ilegales tienen un efecto nocivo sobre el feto durante toda la gestación.

Y señala que, si Bogotá ejecuta esta propuesta (por la cual se entregarían drogas gratis) sin ningún acompañamiento, no es claro qué pasaría con los otros consumidores del país. La lógica de la patología sugiere que ellos llegarían al lugar que les provee el estupefaciente libremente y que no tendrían problemas con la justicia.

“Lo que esto haría es incrementar el problema de seguridad que están tratando de combatir, porque podríamos convertir a la capital en el centro de consumo de todo el país, pues está comprobado científicamente que el ideal de los adictos es vivir para consumir”, asevera.

Así, advierte que es un avance que no va disminuir el consumo, aunque sí los efectos adversos que este causa, por cuanto estas personas van a ser tratadas médicamente, que es lo que no existe.

Para William Quevedo, toxicólogo y profesor de Salud Pública de la UN, las medidas que se tomen deben darse especialmente en niños, niñas y adolescentes, una población numerosa que padece este flagelo.

Además, señala que es necesario un programa intensivo de prevención, pues el tratamiento es un proceso muy complejo. El profesor Quevedo cuenta que, por ejemplo, las EPS han dicho que es muy difícil financiarlo porque cada programa de rehabilitación podría costar unos 28 millones de pesos, y no se tiene garantía de curación, lo que perjudicaría aún más el sistema de salud.

Lo cierto, puntualiza, es que no se conoce la base del anuncio, aunque existan experiencias en otros países. El único argumento, por ahora, es de seguridad.

(Por:Fin/fga/sup/fgd)

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