Ceremonia de entrega de las propuestas de reforma A la Ley 30 por parte de los gremios universitarios al Gobierno nacional.
Moisés Wasserman Lerner, rector de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de Ascún. - Fotos: Víctor M. Holguín / Unimedios
Bogotá D.C., jun. 24 de 2011 - Agencia de Noticias UN - Luego de tres meses de discusión y análisis, los principales gremios universitarios del país presentaron al gobierno nacional su contrapropuesta al proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior.
En el encuentro, realizado en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, los presidentes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) entregaron a la ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, los documentos que condensan aspectos fundamentales para regular el sistema de educación superior en el país.
Autonomía y financiación son los principales puntos en torno a los cuales giraron las proposiciones, en las que incluso los rectores plantean artículos elaborados para incluir en la Ley.
Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de Ascún, aseguró que, frente a la autonomía, el sistema propone una ley estatutaria que busca definir los alcances de este atributo.
“Es una propuesta de 32 artículos que traducen la jurisprudencia que ha habido sobre autonomía y la llevan al nivel de una ley. Esto le da una categoría importante y le dará una fortaleza muy grande”, explicó el Rector de la UN.
Frente al financiamiento, el profesor Wasserman señaló que la propuesta pretende garantizar el sostenimiento de las universidades a mediano plazo (hasta el 2022), para lo cual los rectores plantean, entre otras soluciones, mantener un incremento del presupuesto anual de las instituciones de tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, a diferencia de la propuesta del Gobierno, las universidades públicas plantean que la aplicación de este incremento no debe estar “sujeta a otras condiciones” de política sectorial, como la consecución de ciertas metas de cobertura, calidad y regionalización. En este punto, los rectores proponen que la mitad de este valor se entregue directamente a las universidades, “como compensación a mayores gastos”.
En este sentido, frente a la expedición de normas que exigen de las universidades inversiones adicionales, como ocurrió en el pasado con los decretos de incentivo a la producción académica de los docentes o los que otorgan descuentos en las matrículas a los votantes, Wasserman dijo que se exigirá al Gobierno asumir el costo de estas inversiones, cuyo impacto ha desfinanciado a las universidades públicas en cerca de 700 mil millones de pesos.
Otros planteamientos del sector tienen que ver con la construcción de un proyecto nacional que permita y facilite a las universidades públicas actualizar su infraestructura física y cumplir con las exigencias técnicas vigentes relacionadas con sismorresistencia y la construcción de rutas de acceso para las personas en condición de discapacidad.
Asimismo, recomiendan el estudio de la exención de impuestos distritales y una reubicación de estrato de las instituciones de educación superior, ubicándolas en el nivel uno, con el fin de bajar los costos de los servicios públicos. Por otra parte, solicitarán que el Estado subvencione a las universidades públicas y privadas los gastos generados por el montaje de la infraestructura en conectividad.
Por su parte, José Fernando Isaza Delgado, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de Ascún, señaló que la propuesta de este gremio, que acoge a instituciones públicas y privadas de todo el país, condensa cinco puntos básicos.
La primera contempla elevar la educación al nivel “de bien público y servicio prestado por instituciones sin ánimo de lucro”, en sintonía con las recomendaciones hechas por el Foro Mundial de Universidades de la Unesco, que hace dos años la calificó así.
Las otras son la definición del sistema de educación superior, la revisión de la tipología de las universidades, un estudio de la autonomía y otro del proceso de acreditación.
Frente a la propuesta del SUE, su presidente, Danilo Vivas Ramos, aseguró que “la articulación del proyecto de ley debe ser lo más incluyente posible”.
Beneplácito parcial
La ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, expresó su complacencia por el trabajo realizado por las universidades y afirmó que no tiene “ni discrepancias ni diferencias” con el articulado. De hecho, dice tener “total coincidencia con Ascún y el SUE en que estos puntos son los que se deben reformar”.
Sin embargo, pese al beneplácito y el deseo de la funcionaria por llegar a un acuerdo rápido, apareció un punto que marcó diferencia entre las propuestas de las universidades y la postura del Gobierno Nacional, consistente en la introducción al sistema de educación superior del país de las instituciones con ánimo de lucro.
Por un lado, mientras los dos gremios de universidades señalaron unánimemente su rechazo a la aparición de esta figura en el sistema, la funcionaria defendió la postura gubernamental al afirmar que la esencia de la reforma es fortalecer el sistema de educación superior, y advirtió que conseguirlo no es posible únicamente con recursos del Estado, pues estos son insuficientes.
El análisis de la contrapropuesta será concertado por las partes con la conformación de mesas de trabajo que comenzarán labores el próximo 5 de julio.
(Por: Fin/jlb/feb/lrc)
N° 315
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Evitemos la mercantilización de los servicios básicos; ya nos sucedió con la salud, con los servicios públicos. No permitamos que suceda lo mismo con la Educación.
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