Rectores de universidades públicas coincidieron en que la reforma a la Ley 30 no remedia los problemas financieros de las universidades públicas. Fotos: A. Felipe Castaño/Unimedios
El rector de la UN, Moisés Wasserman, insistió en que la cobertura no se puede aumentar sin invertir en educación de alta calidad.
Iván Ramos, rector de la Universidad del Valle, invitado por los congresistas a la Comisión Sexta.
Bogotá D.C., ago. 24 de 2011 - Agencia de Noticias UN - Esta es una de las conclusiones de la sesión sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, realizada en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, con la participación de rectores universitarios.
Uno de los puntos analizados en la jornada fue la inclusión en el proyecto gubernamental de la iniciativa financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE), que establece un aumento anual de los recursos destinados a las universidades públicas del 3% sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 2012 y el 2022.
Según el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, invitado a la sesión, lo acogido por el Ministerio de Educación está incompleto y se distancia de lo propuesto por el SUE en dos puntos: por un lado, los nuevos recursos se deberán distribuir entre las 80 IES públicas existentes y no solo entre las universidades que requieren urgentemente el salvamento estatal.
Y por el otro, la totalidad de los recursos se repartirán según el desempeño de las IES públicas frente a los cuatro criterios establecidos en el articulado inicial: cobertura, productividad académica, formación docente e investigación (este no incrementará la base presupuestal).
“La Ministra llama a esos criterios como indicadores, pero aumentar la cobertura es una tarea nueva con un costo nuevo. Entonces, es apenas lógico que esto sea compensado financieramente”, expresó el Rector Wasserman, al explicar que estos recursos no ayudarán a solucionar el desfinanciamiento crónico de las universidades públicas producido en los últimos años.
Bajo este modelo, y según cálculos iniciales de las universidades, el año entrante el sistema estatal obtendrá $ 63.389 millones adicionales. Si estos se dirigieran solo a cobertura, tomando como base el costo por estudiante en el SUE, en promedio $ 4.000.000 al año, significaría la apertura de 15.847 nuevos cupos por año.
Es decir que de aquí al finalizar el gobierno Santos serán 47.541 nuevas matrículas estatales, lo que representaría apenas el 7,4% de la meta de 645.000 cupos que el Ministerio ha planteado para todo el sector de la educación superior en este mismo periodo.
Así como el profesor Wasserman, el rector de la Universidad del Valle, Iván Ramos, manifestó que los nuevos recursos no alcanzarán para resolver el problema ni para adelantar los programas de modernización que requieren las universidades públicas. Además, estas seguirán limitadas para construir nuevas aulas y contratar más personal docente con altos estándares de formación, agregó.
En suma, los rectores de las dos universidades públicas coincidieron en que es urgente la aprobación de una reforma a la Ley 30 que permita, entre otros aspectos, garantizar la sostenibilidad financiera de las 32 instituciones públicas del país y asegurar las herramientas que permitan la ampliación de cobertura con alta calidad.
La sesión en la Cámara de Representantes, que contó con la presencia de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hace parte de una serie de espacios establecidos por los congresistas para conocer las posiciones sobre la reforma a la Ley 30, antes de que el Gobierno nacional radique en las próximas semanas el proyecto definitivo.
(Por: Fin/cehd/feb/vbr)
N° 834
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