El país cuenta con 286 instituciones de educación superior, de las cuales 80 son universidades. Foto en la Universidad de Antioquia. /Unimedios
Medellín, mar. 29 de 2011 - Agencia de Noticias UN- Así lo expresó Moisés Wasserman Lerner, rector de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).
Durante el Consejo Nacional de Rectores de Ascún, realizado en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, este organismo aprobó la presentación de una Ley Estatutaria sobre Autonomía (simultánea a la reforma de la Ley 30 propuesta por el Gobierno nacional). La propuesta no contradice a la iniciativa estatal, pero, según Wasserman Lerner, podría ofrecerle un sustento legal que en este momento se maneja casi que exclusivamente por jurisprudencia.
Y es que el tema de la autonomía universitaria contemplado en la reforma a la Ley 30 es uno de los que más preocupa a la comunidad universitaria del país. De acuerdo con el rector de la UN, “temas como autonomía y sistema de vigilancia y control, aunque son constitucionales, colisionan (…) Es una solución que no está bien elaborada”.
Por su parte, monseñor Luis Fernando Rodríguez, rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, advirtió que en este punto de la discusión teme la pérdida de autonomía universitaria y que la iniciativa de apostarle a una mayor cobertura pueda afectar la calidad de la educación superior.
De visita en Medellín, la ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, presentó a representantes del sector académico de la ciudad y del país la propuesta de reforma a la Ley 30, que regula el servicio público de educación superior en Colombia.
La jefa de la cartera ministerial enfatizó en que los recursos públicos nunca serán suficientes, por eso los fondos privados entrarán a complementar la oferta y los mecanismos de financiamiento.
En esta perspectiva, agregó que el inversionista privado puede crear instituciones de educación superior o asociarse con una entidad pública para ofrecer educación de calidad.
Sin embargo, los rectores de las universidades del país expresan su descontento con algunos de los temas que propone la reforma. Así lo señaló Moisés Wasserman: “El problema crucial es el financiamiento, este proyecto no responde a las expectativas de las universidades y no soluciona en forma estructural la situación que abordamos”.
José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, expresó que “la apuesta del Gobierno para aumentar la cobertura no tiene en cuenta a la universidad pública porque mantiene los aportes estatales en términos constantes, y solo hay un pequeño aumento en términos reales según el incremento del Producto Interno Bruto”.
De acuerdo con la ministra, “el proyecto no tiene la intención de privatización. Como los recursos no son suficientes, se prevé que llegará capital privado con ánimo de lucro para que directamente cree y ofrezca programas de educación superior de gran calidad y al mismo tiempo se concreten alianzas específicas y proyectos con las universidades públicas”, reiteró.
Sobre el tema, Wasserman Lerner indicó que la creación de universidades con ánimo de lucro es un nuevo fenómeno en Colombia. “Siento que la reforma está muy recargada hacia una aplicación muy inmediata en el sistema productivo y creo que este tema merece ser matizado y considerarse mejor”.
Según Campo, las instituciones de educación públicas deben resolver sus problemas estructurales de financiación mejorando sus niveles de eficiencia, y además “de los recursos públicos girados por el orden nacional y local, también tienen que hacer grandes esfuerzos para generar dinero adicional proveniente, por ejemplo, de venta de servicios, proyectos de investigación y de las alianzas público-privadas”.
“Para mejorar la calidad se deben hacer inversiones muy fuertes que no son delegables. La calidad per se no puede ser objeto de capitales privados con ánimo de lucro”, dijo el rector de la Universidad Nacional.
Por su parte, el rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango, cree que si se están quedando 3,2 millones de jóvenes por fuera de la cobertura en educación superior, se deben aterrizar propuestas ingeniosas para aumentarla y revisar cuidadosamente las experiencias de los países que han implementado el sistema de instituciones de educación superior con ánimo de lucro, a fin de no atentar contra la calidad.
Las discusiones sobre la propuesta que presentó el Gobierno continuarán en otras regiones del país.
(Por: Fin/dac/lmp/vbr)
N° 433
- Noticias relacionadas:
Enviar a un amigo
Imprimir
Facebook
Compartir
