Óscar Useche, sociólogo, profesor de la Universidad Minuto de Dios. Fotos: Unimedios
Fabián Acosta: Fabián Acosta, director del Observatorio de la Juventud de la Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, D.C., sep. 07 de 2010 - Agencia de Noticias UN– Debido a la inseguridad en las ciudades y a la participación de menores de edad en acciones violentas, varios alcaldes han solicitado una reforma para endurecer los castigos a los adolescentes cuando infrinjan la ley.
Sin embargo, académicos entrevistados en el programa UN Análisis de UN Radio aseguran que “la solución no es endurecer las normas, porque el problema es estructural”.
El profesor Fabián Acosta, director del Observatorio de la Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, indicó que “cuando se asumen medidas de control o de punición contra adolescentes y jóvenes, es el ingreso del derecho y de la política en la vida de los menores, más conocido como biopolítica, y esto significa que no quedan etapas de la vida donde la política no intervenga”.
“Lo preocupante es que la política está ingiriendo en términos sociales en rangos cínicos, porque hay penalización de conductas en casos de criminalidad, pero no hay una acción igual de fuerte ni mediática ni social, en función de garantizar la integralidad para el bienestar de esta población”.
En Colombia existía el Código del Menor establecido en el Decreto 2737 de 1989, y posteriormente se aprobó el Código de la Infancia y la Adolescencia en la Norma 1098 de 2006, en la cual se establece que los mayores de 14 años son responsables por los delitos que comentan según lo estipule el sistema de responsabilidad penal.
Frente a esa normativa, Neyla Jiménez, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, afirmó: “La ley de la infancia es muy importante porque recoge los principios fundamentales a partir de las convenciones internacionales de la niñez, la adolescencia y los derechos humanos. Está dividida en libros. La primera parte recoge todos los principios y la segunda aborda el tema sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde hay unos principios rectores importantes”.
“Lo que nos falta es articular el sistema de bienestar familiar con lo social y las normas. Los mecanismos de protección existen a nivel nacional e internacional, lo que se debe hacer son estudios de evaluación sobre las fallas”, comentó la docente.
El profesor Acosta considera que “en los códigos están consagrados los derechos, pero no hay una correspondencia política. El hecho de que en las normas estén garantizados los derechos no quiere decir que se apliquen; por ejemplo, en la Constitución del 86 había un artículo que estipulaba la gratuidad de la educación básica para los colombianos, la constitución cambió y nunca se cumplió”
Por su parte, el sociólogo Óscar Useche afirmó que no hay que subestimar el problema, es cierto que en el país se utilizan niños y niñas para cometer delitos graves amparados en la imputabilidad penal, pero no se puede caer en la estigmatización de este sector de la población.
El director del Grupo de Investigación en Infancia y Adolescencia de la Universidad Libre de Pereira, Jairo Martínez, aseveró que “es muy importante tener claro el tema de responsabilidad penal de adolescentes, porque estamos aplicando un sistema de adultos a los jóvenes o incluso a niños. El objetivo de la ley de infancia y adolescencia era pedagógico y socializador, pero todavía estamos pensando en la sanción”.
“Se suponía que se iba a aplicar una iniciativa basada en la justicia restaurativa, en donde haya un encuentro formativo; sin embargo, no existe una claridad en las sanciones que se imponen por parte de los jueces”.
El teniente coronel Pompy Arubal Pinzón, jefe del área de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Policía Nacional, indicó que la problemática con los jóvenes no ha aumentado; al contrario, ha disminuido. No obstante, ahora se ha masificado en la difusión por los medios o en las propuestas para disminuir la edad y aumentar las penas. Según las estadísticas de la Institución, entre el 2003 y lo que va del 2010 han sido arrestados 215 mil adolescentes en conflicto con la ley, siendo el 2005 el año que presenta más detenciones, con 40.500, y el 2009 el menor, con 21.000.
Finalmente, Andrea Cartagena, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad CES, aseguró que hay una serie de factores que inciden en la conducta de los jóvenes, como la violencia intrafamiliar, la desescolarización, la ausencia de padres y el consumo de drogas, entre otros.
“El problema real es que la ley es muy bonita y bien escrita, pero no se está ejecutando. En la norma se estableció que se debe dar un tratamiento especializado y actualmente no hay ninguno en ejecución ni planteado. Entonces estamos pensando en aumentar las penas sin ejecutar el primer intento y no invertimos en la prevención, sino proponemos que se hagan cárceles más bonitas, cuando con ese dinero se pueden fortalecer los procesos con la familia y se garantiza que los niños tengan oportunidad de trabajo y de ocupar sanamente el tiempo libre”.
(Por: Fin/cjsr/csm/vbr)
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