Carlos Angulo, rector de la Universidad de los Andes. / Unimedios
Bogotá D.C., abr. 13 de 2011 - Agencia de Noticias UN- La inversión privada, la cobertura y la autonomía fueron algunas de las preocupaciones expuestas por rectores de universidades privadas al analizar el impacto de la reforma a la Ley 30.
Así lo expresaron Carlos Angulo, rector de la Universidad de los Andes, Carlos Angulo y Francisco Piedrahita, de la Icesi, en diálogo con el programa UN Análisis de UN Radio, emisora de la UN de Colombia.
Angulo aseguró: “En la Universidad de los Andes hemos establecido un comité con los vicerrectores y con algunos profesores, de cómo la propuesta afecta a las universidades tanto públicas como privadas, pues lo miramos con mucho cuidado e interés porque es fundamental hacer reformas en Colombia”.
Según el artículo 32 de la iniciativa, las instituciones de educación superior (IES) privadas pueden ser personas jurídicas organizadas como corporaciones o fundaciones, o como sociedades anónimas con propósito especial para la prestación del servicio público de educación superior.
Al respecto, Piedrahita afirmó: “El Gobierno quiere aumentar la cobertura de la educación superior y es loable mientras se haga con calidad, pero busca atraer inversión. Entonces van a venir unos grupos a comprar universidades para producir dinero, pero el tema de la calidad es preocupante, porque el promedio es muy bajo. En el caso de Estados Unidos, la tasa de graduación promedio de las universidades con ánimo de lucro es de 25%, mientras en las que son sin ánimo de lucro es de 64%. Además, los que se gradúan no pueden pagar su deuda, porque la mayoría pagan con créditos”.
A su turno, Angulo consideró que “en cobertura hemos avanzado en los últimos años, con un cubrimiento del 37%; sin embargo, en el aspecto de calidad estamos atrasados. La ley debe apuntar con un mayor cuidado en la aprobación de programas universitarios, técnicos y tecnológicos y sobre todo en los de posgrado”.
El rector de la Universidad de los Andes agregó que en el caso de las universidades públicas se deben establecer incentivos por tener un mayor número de profesores con posgrados con mayores ingresos y no solo en cobertura. Advirtió que sobre el tema de la educación con ánimo de lucro no es muy diferente a lo que existe ahora, pues muchas instituciones ya lo hacen aunque no lo dicen.
“Creo en el libre mercado y leal, el problema es que en el área de educación es muy opaco. La ley habla de dos tipos de inversiones, una puede ser para financiar proyectos, pero eso no es nuevo. Lo novedoso es la inversión para montar o comprar universidades, y yo sí creo que hay empresarios interesados en hacer ese negocio”, señaló Piedrahita.
“Si hay recursos del sector privado que quiera invertir, no afecta la autonomía universitaria y lo que estamos buscando es un mayor contacto con la industria para aprobar el desarrollo del país”, enfatizó.
Piedrahita reconoció la disposición del Ministerio a la crítica y al diálogo, y reconoció que por ahora solo resta esperar a que el proyecto que llegue al Congreso sea muy productivo y contenga las inquietudes de las universidades.
Angulo, por su parte, concluyó que luego de 19 años desde la aprobación de la Ley 30, ahora es fundamental que el énfasis de su reforma se dé en calidad con una buena acreditación.
(Por: Fin/cjsr/feb/vbr)
N° 614
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