Foto: Unimedios
Bogotá D.C., oct. 19 de 2010 - Agencia de Noticias UN– El Presidente Juan Manuel Santos presentó al Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional que modifica la distribución de las regalías por la explotación de los recursos naturales.
La Constitución de 1991 profundizó en el proceso de descentralización político–administrativa del país, al tiempo que estableció el poder de los entes territoriales y reconoció el derecho de estos sobre los recursos naturales.
Sin embargo, 16 años después del establecimiento de dicho esquema, el Ejecutivo ha planteado que las regalías en Colombia presentan tres problemas1 de fondo1: 1. inequidad y pobreza, 2. ineficiencia y 3. incorrecta utilización. Pero, además, ha expuesto un elemento adicional: no estamos preparados para afrontar los efectos macroeconómicos de una probable bonanza minera.
Aunque las opiniones sobre la posibilidad de un auge están claramente divididas, son esos tres problemas los que implican un cambio de fondo en dos sentidos: garantizar una mejor repartición de los recursos e introducir elementos de carácter estratégico que beneficien no solo a los entes territoriales, sino a toda la Nación.
La distribución de la riqueza
El Gobierno plantea que “17 departamentos y 60 municipios perciben el 95% de los recursos de regalías directas2, siendo cuatro departamentos (Casanare, Meta, Arauca y Huila) los que reciben el 56%”. Esta concentración se presenta porque el esquema actual establece una relación directamente proporcional entre la cantidad de recursos explotados y el volumen de las regalías. Así, los departamentos con mayores recursos explotados reciben mayor volumen de regalías. Esta condición, lejos de ser irrelevante, se convierte en un factor que tiende a profundizar los niveles desiguales de desarrollo evidentes entre los diferentes entes territoriales ya que, según el Gobierno nacional, el 80% de los recursos se concentra en el 17% de la población.
En principio, se estableció la figura de las regalías indirectas, administradas por el Fondo Nacional de Regalías (FNR) para distribuir parte de estos recursos entre los entes territoriales que no participan directamente en la explotación de recursos naturales. Sin embargo, no necesariamente han sido dirigidos hacia los departamentos con mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas, que en últimas terminan aumentando su dependencia del Gobierno nacional.
Inversión estratégica
Más allá de la discusión anterior, la propuesta del Ejecutivo incluye dos elementos de carácter estratégico, encaminadas a fortalecer las capacidades de la Nación y que, en principio, servirían para fortalecer al país en el escenario de internacionalización: 1. destinación específica de un porcentaje para proyectos de ciencia, tecnología e innovación y 2. tratamiento especial para las Zonas de Frontera.
Asimismo, se plantea la necesidad de destinar el 10% de las regalías netas (descontando además los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización) para proyectos de ciencia, tecnología e innovación, lo que implicaría un mejoramiento sustancial de las capacidades estratégicas de todo el país, no solo de los entes territoriales que participan de manera directa en la actividad minera. Por primera vez en doscientos años de historia republicana, el Estado colombiano reconoce la importancia de este sector en el desarrollo del país, y al elevar esta destinación específica de las regalías al rango constitucional estaría abriendo paso a una nueva concepción de progreso más allá del debate entre la centralización y la descentralización.
La otra apuesta estratégica del Gobierno tiene que ver con dar respuesta a la deuda que el Estado y la sociedad colombiana tienen con las llamadas Zonas Costaneras y de Frontera, regiones en las que los ciudadanos encuentran mejores respuestas en los países vecinos que en el suyo propio. El denominado Fondo de Compensación Regional, derivado del Fondo de Competitividad Regional, tendría una duración de 20 años durante los que serán financiados proyectos que permitan generar mayores niveles de desarrollo. En este sentido, el Estado colombiano estaría fortaleciendo su integridad territorial y, en últimas, su legitimidad. Y aunque se trata de una deuda del siglo XIX, se manifiesta en el mejoramiento de las capacidades estratégicas de cara a los retos del siglo XXI.
Pelea de largo aliento
La aprobación de esta propuesta supone un gran reto para la Unidad Nacional, expresada en el Congreso de la República, donde entrarán en juego los intereses de entes territoriales particulares que se han beneficiado mucho más que los demás durante los últimos quince años. Una pelea formidable en la que los ciudadanos podrán observar el comportamiento de sus representantes en el poder legislativo. ¿Interés nacional? ¿Interés local? ¿Interés político?
El proceso completo de reforma a las regalías y compensaciones en Colombia está compuesto por dos etapas: 1. discusión y aprobación del acto legislativo que modifica parcialmente la Constitución y 2. reglamentación del nuevo contenido constitucional mediante la aprobación de una ley3, que reemplazaría la Ley 141 de 1994. Es ahí donde tendrán que definirse los mecanismos que protejan los recursos frente a la amenaza latente de la corrupción, así como el establecimiento de los porcentajes definitivos destinados a ahorro pensional y a las regalías netas. En otras palabras, la discusión sobre la eficiencia en la inversión de los recursos provenientes de las regalías solo podría garantizarse plenamente en la ley que reglamente la reforma constitucional, por el momento el debate será sobre los temas de fondo.
1 Ver Exposición de motivos, Proyecto de Acto Legislativo N° 13 de 2010 (Senado).
2 Gaceta del Congreso 557, pp. 13-21.
3 Gaceta del Congreso 557, p. 14.
(Por: Fin/msm/feb/lrc)
N° 980
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