Bogotá D.C., sep. 27 de 2010 - Agencia de Noticias UN– “El sector rural es uno de los más afectados en términos de democracia y equidad”, así concluyó el segundo debate ‘La cuestión de la tierra en Colombia’, del programa UN análisis de UN Radio.
“Hay factores estructurales que requieren un trabajo profundo para reconstruir la sociedad rural fragmentada y desarticulada por el conflicto, las políticas y las fuerzas del mercado”, puntualizaron los analistas.
Darío Fajardo, antropólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia, señaló, “las iniciativas legislativas sobre tierra deben ubicarse en los grandes lineamientos de la organización política y económica del país, porque Colombia tiene una particularidad; la estrecha relación que tiene entre la concentración de la tierra, la propiedad territorial y el poder político, la cual se da a través de unas implicaciones de violencia sistemática. Esto hace que la tierra se convierta en un eje del régimen político del país, razón por la cual es muy difícil pensar en modificaciones sustanciales de aquí en adelante”.
Absalón Machado, profesor pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, se refirió a la nueva política de restitución de tierras planteada por el gobierno: “Tenemos que tener en cuenta que el sector rural es altamente vulnerable en lo económico, lo social, lo político e institucional, y una política de tierras que inicie con la restitución tiene riesgos muy altos, sobre todo porque parte de una base muy precaria de institucionalidad rural a nivel local y regional”.
Al mismo tiempo, cuestionó: “¿Cómo el Estado va a reconstruir la institucionalidad rural que fue destruida, no solamente por el conflicto, sino también por las políticas agrarias de los últimos tiempos, para poder llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza?”.
Para Fajardo, a pesar de que el Ministro de Agricultura ha planteado el tema del campesinado, la restitución de las tierras y el problema de la alimentación, hay sectores de la elite en los que no caben los campesinos, porque no tienen espacio en el aspecto económico y político. Para él es una contradicción buscar consensos mientras haya exclusión.
Aunque en la constitución de 1991 se abrió un espacio para la población afrodescendiente e indígena, sistemáticamente los campesinos fueron dejados por fuera. Fajardo insistió en el modelo excluyente: “Me parece que el Ministerio de Agricultura busca alcanzar determinadas sensibilidades en el ámbito rural, una figura que ha sido muy atacada por los dueños de los grandes latifundios”.
Asimismo, Machado destacó que a la vulnerabilidad se suma un atraso bastante generalizado en la sociedad rural que forma parte del modelo de desarrollo que ha venido practicando el país desde hace varias décadas, el cual ha dejado a la comunidad en condiciones muy precarias, porque le faltan bienes públicos y no tienen un sector estratégico para el desarrollo en la sociedad colombiana.
Los dos analistas consideraron positivo abrir un debate sobre tierras, pues llamaron la atención respecto a que la sociedad colombiana debe ser consciente de que si la estructura agraria no se modifica, no se estructura en otros términos para construir democracia y desarrollo rural, no solamente económicos sino también sociales y políticos, será difícil avanzar en un proyecto de desarrollo moderno y democrático.
“Este modelo tiene que cambiarse, nosotros estamos hablando de un sector rural con un gran potencial productivo desaprovechado. Tenemos una ganadería muy extensiva que está usando millones de hectáreas que no deberían estar en ganadería, sino en agricultura. Además, las economías campesinas y los medianos propietarios no tienen los suficientes recursos y los apoyos necesarios para potenciar las tierras que tienen, de manera que se debe plantear cómo mirar más hacia los mercados regionales internos”, concluyeron los profesores y analistas.
(Por: Fin/papg/feb/lrc)
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